Reseña del libro “La revolución inconclusa” de Joaquín Fermandois

En septiembre del año 2013 se cumplieron 40 años desde el golpe de Estado que derrocó al gobierno de la Unidad Popular encabezado por el Presidente Salvador Allende. Durante las semanas previas al 11 de septiembre los medios de comunicación difundieron profusamente documentales y reportajes sobre algunos de los hechos acontenidos durante el gobierno de la Unidad Popular, durante el mismo golpe de Estado y también durante la dictadura que sucedió al mismo. Desafortunadamente algunos de estos programas, como por ejemplo “Imágenes prohibidas” de Chilevisión, presentaron una visión maniquea y parcial de una época histórica que sin duda es un objeto de estudio para los historiadores y los cientistas sociales.

Pues bien, el connotado historiador Joaquín Fermandois dedicó tres años a escribir su obra llamada “La revolución inconclusa”, editada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y lanzada en las semanas previas al 11 de septiembre de este año. El resultado de este trabajo es un voluminoso libro que arroja muchas luces sobre todo el proceso histórico que culminó el 11 de septiembre de 1973. Se trata de un trabajo muy serio y riguroso, lo que se advierte tanto por el tiempo que le tomó al autor completarlo, como por la gran cantidad de material bibliográfico que consultó, lo que queda de manifiesto en la gran cantidad de citas al pie de página en cada capítulo.

Es importante entender que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 no fue un simple accidente en el espacio tiempo, sino que fue la culminación de un proceso histórico que puede entenderse como una línea continua en el tiempo, de antecedentes y consecuentes que llevan de unos hechos a otros. Y eso es lo que hace precisamente este libro, adentrarse en las posibles causas, en los antecedentes de dicho proceso histórico.

En su comienzo, el libro se adentra en los orígenes de lo que se ha llegado a conocer como la “izquierda” y la “derecha” en Chile desde el siglo XIX. Así se llega a conocer el origen de los dos principales partidos de la Unidad Popular, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Como bien explica el autor, Chile en aquellas décadas del siglo XX no fue indiferente a esa gran confrontación política, económica y cultural, conocida como “Guerra fría”, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este último país había pasado a ser un referente y “modelo” para el Partido Comunista chileno. Luego, en 1959 en Cuba fue derrocado el dictador Fulgencio Batista y asumieron el poder las fuerzas revolucionarias encabezadas por Fidel Castro. Así entonces, la Cuba revolucionaria llegaría a ser el referente o “modelo” del Partido Socialista chileno, que fue radicalizando sus posturas, pasando por el conocido Congreso de Chillán en 1967 y enviando a parte de su juventud de base a Cuba para recibir entrenamiento militar. Tomó forma la tesis de la “vía armada” como una forma válida de conquistar el poder político.

Así, pasando por el gobierno de Eduardo Frei Montalva entre 1964 y 1970, se llega a las elecciones de 1970, en que resultó electo Salvador Allende por la Unidad Popular. De la lectura del libro se desprende que los intentos por impedir la asunción al poder de Salvador Allende finalmente se toparon con la dificultad de que no había razones de peso que pudieran justificar romper con la tradición histórica de que el Congreso nombraba como Presidente a la primera mayoría relativa de las elecciones presidenciales, como había sido la usanza cada vez que un canditato no alcanzaba la mayoría absoluta. Los intentos por provocar una crisis que impidiera que el Congreso nombrara a Allende tuvieron un abrupto y trágico final con el brutal asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, quien había asentado la doctrina de que el Ejército sería obediente y no deliberante y respetaría la institucionalidad existente. Estas acciones no fueron más que intentos desesperados por impedir algo que no había forma de impedir por cauces regulares y normales a la usanza de la institucionalidad y la tradición de entonces.

Y es aquí donde se llega a los capítulos más importantes de esta obra. Desde la campaña, el programa de la Unidad Popular planteaba una transformación radical de la sociedad, que llamaba como “vía chilena al socialismo”, la cual  terminaría en una revolución siguiendo los referentes o “modelos” en que se inspiraban los partidos de la Unidad Popular: Cuba, la Unión Soviética, Alemania Oriental y los llamados “socialismos reales” de Europa Oriental. Y aquí también es donde surge una interrogante clave: ¿qué esperaba Allende y la Unidad Popular de aquellos sectores de la sociedad que se oponían a su gobierno y a su programa, y que sin lugar a dudas verían afectados sus intereses y hasta su propia supervivencia (no necesariamente de su vida, sino que de su existencia como clase social)? En la página 375 se cita parte del discurso de Allende ante el Congreso el 21 de mayo de 1971 en el tradicional Mensaje presidencial a la nación. En ese día Allende dijo (cita textual):

“Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente, queremos evitar”

Estas palabras arrojan luces reveladoras de las intenciones de Allende y la UP para con sus adversarios. Es imposible no entender dichas palabras como una amenaza velada a quienes pensaran oponerse a los objetivos del gobierno de la UP y de su programa. “Contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico” para que así “a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista” no puede entenderse sino como un llamado a la “colaboración” pero con la gran salvedad de que nunca se toma en cuenta si las Cámaras del Congreso estarían de acuerdo en “colaborar” ni tampoco parece haber una intención de preguntarles si están de acuerdo. Conviene recordar que la UP nunca tuvo mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, dividida en los “tres tercios” de aquel entonces, y en que finalmente dos de esos tercios terminaron unidos contra el otro, vale decir, la Democracia Cristiana se unió al Partido Nacional para frenar a la UP en una relación que podría entenderse más bien como un matrimonio de conveniencia o una alianza estratégica que como una convergencia política que compartiera principios de fondo, aparte de preservar lo que Fermandois llama “el modelo occidental” de la democracia. Como el autor bien dice en la página 745, “la derecha nunca se sintió del todo segura en su alianza con la Democracia Cristiana, que a fin de cuentas fue tan necesaria para su propia supervivencia. Al mismo tiempo, tenía conciencia de que la situación era precaria, conciencia compartida por los democratacristianos”. Parece que se cumplió ese antiguo adagio de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.

Al final de esas palabras Allende apelaba a “evitar arbitrariedades y excesos” producto de “una fractura violenta de la juridicidad”. Es decir, el Presidente sugería que si el Congreso, en el cual no tenía mayoría, no daba luz verde a su programa, entonces podría producirse “una fractura violenta de la juridicidad” que llevara a “arbitrariedades y excesos” que “responsablemente querían evitar”. ¿Qué era esto sino una amenaza velada? Fácilmente puede entenderse la amenaza del mensaje como “si el Congreso bloquea la transformación del sistema jurídico, entonces se producirá una fractura violenta de la juridicidad, que llevará a arbitrariedades y excesos”. Y claro, para evitar “responsablemente” esas “arbitrariedades y excesos” es que el Congreso no debía bloquear la transformación del sistema jurídico.

Pero lo que sucedió durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular fue que los adversarios de Allende y la UP simplemente no estuvieron dispuestos a entregarse y dejar que arrasaran con ellos, sino que se sintieron amenazados y acorralados y hasta luchando por su propia supervivencia en una batalla por el todo o nada. Esto ocurrió no solo con la alianza instrumental en el Congreso entre la DC y el Partido Nacional, que se manifestó de múltiples formas, una de las cuales fue la Reforma Constitucional de las Tres Areas de la economía, que ponía un freno a las intenciones de la UP de continuar estatizando la economía en la llamada “Área de Propiedad social” que concentraba las empresas requisidas e intervenidas por el Estado. Otra de las manifestaciones de esta alianza fueron las múltiples acusaciones constitucionales contra los ministros del gobierno del Presidente Allende, ante lo cual este respondía simplemente nombrando al ministro destituido a cargo de otro ministerio, maniobra conocida como “enroque”, tal como la jugada de ajedrez. Es decir, la oposición al gobierno usaba un mecanismo pensado para casos excepcionales y el gobierno respondía con un resquicio permitido por la Constitución de 1925.

Pero la práctica de los “resquicios legales” fue inaugurada por el mismo gobierno, cuando comenzó a hacer uso masivo del Decreto 520 de 1932 para requisar múltiples empresas privadas. Este Decreto tuvo su origen en la breve “República socialista” de 1932, es decir, no tenía un origen Constitucionalmente legítimo, y permitía al Presidente de la República requisar o intervenir alguna empresa que se encontrara paralizada para evitar la escasez derivada de su falta de producción. Este uso estaba pensado para circunstancias puntuales, y de hecho no hay registro que se haya hecho un uso frecuente del mismo entre 1932 y 1970. Es más, casi no hay antecedentes que se haya hecho uso de él hasta que asumió el gobierno de la Unidad Popular en 1970.

El estratega jurídico que se encargó de justificar el uso masivo de este Decreto fue el jurista Eduardo Novoa Monreal. Básicamente las fuerzas políticas de la Unidad Popular instigaban a los sindicatos de las empresas para que provocaran un conflicto obrero y paralizaran la industria, y así el gobierno tenía el pretexto que necesitaba para requisar las empresas en cuestión. Otras veces simplemente los sindicatos se declaraban en huelga o se tomaban las empresas por su propia cuenta sin instigación alguna, y esto nuevamente era aprovechado por el gobierno para requisar las empresas. Y otras veces simplemente se buscaba alguna falta de acuerdo al reglamento del Decreto para que la empresa fuera intervenida y/o requisada. ¿Qué clase de práctica jurídica era esta? ¿De qué forma podía responder jurídicamente la oposición de aquel entonces si no era con recursos similares, como acusar sucesivamente a los ministros del gobierno para destituirlos? Tal como en la física toda fuerza de acción provoca una fuerza de reacción, en un sistema político también toda acción política tiene como respuesta una reacción política. Es simplemente iluso pretender que cuando se recurre a tácticas o estrategias de mala fe, los adversarios no terminen tarde o temprano haciendo lo mismo, sobre todo bajo un cuadro de creciente tensión y polarización como al que arrastró al país el gobierno de la Unidad Popular.

Fermandois relata con gran claridad cómo fue que las intenciones y las acciones del gobierno y de sus líderes fueron alienando y enrabiando a vastos sectores de la población, principalmente a las clases altas, medias altas y medias de aquel entonces. Estos sectores simplemente terminaron saliendo a luchar a la calle, lo cual sucedió por primera vez con la “marcha de las cacerolas vacías” durante la visita de Fidel Castro a fines de 1971. Desde ahí hasta el 11 de septiembre de 1973 la “batalla por la calle” no terminaría más. Once meses más tarde tendría lugar un episodio clave y que probablemente fue el punto de inflexión que selló el destino de Allende y su gobierno: el paro de los transportistas y de los gremios de octubre de 1972. Los transportistas y los gremios simplemente sentían que se jugaban el todo por el todo, y recurrieron a un recurso de fuerza. Para salir de la crisis, Allende nombró un gabinete compuesto por tres ministros que eran oficiales de las Fuerzas Armadas, siendo el plato fuerte el nombramiento del general Carlos Prats como Ministro del Interior. Con esto simplemente se rompió la tradición de que las Fuerzas Armadas no intervenían directamente en la política contingente. Además, los dirigentes de la UP sabían que el general Prats simpatizaba con los objetivos de la UP y también simpatizaba con Salvador Allende.

Y después de estos episodios clave, el libro relata cómo los hechos comenzaron a desencadenarse hasta llegar al golpe de Estado como una perfecta pendiente resbaladiza. Primero con las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en que resultó ganadora la oposición y en cuya campaña resultaron muertos casi una decena de adherentes de ambos bandos en disputa más una decena de heridos, con una retórica fuertemente polarizada y en que ya ambos bandos habían pasado de ser adversarios a ser enemigos. Luego se sucedieron las protestas por el intento del gobierno de imponer la “Escuela Nacional unificada” (ENU), que fue resistida por las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios y, lo que fue más inesperado, por oficiales de las Fuerzas Armadas, representados por la voz del contraalmirante Ismael Huerta Díaz. Siguió la huelga de los mineros de El Teniente, apoyada por la oposición. Entre tanto, continuó la disputa por la Reforma de las Tres Areas, que quedó sin resolver hasta el mismo 11 de septiembre de 1973.

Y finalmente, el evento que como el mismo Fermandois dice, fue una divisoria de aguas en las Fuerzas Armadas: el “tancazo” del 29 de junio de 1973, en que una unidad del Regimiento Blindados N°2 del Ejército se sublevó y avanzó con sus tanques hacia el Palacio de La Moneda. Esta sublevación fue finalmente sofocada por el mismo general Prats, pero las fuerzas que le dieron origen en las Fuerzas Armadas no fueron acalladas. A esas alturas ya varios oficiales de las tres ramas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) habían llegado al convencimiento de que había que “hacer algo”. Aquí estuvo el origen de la deliberación abierta dentro de las Fuerzas Armadas y que culminaría con el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. En el camino, el general Carlos Prats perdió todo apoyo dentro del Ejército y se vio forzado a renunciar, con lo que Allende y la UP perdieron a su único aliado militar importante. Paralelamente, a fines de julio de 1973, se desencadenó el paro final de los transportistas y prácticamente todos los gremios en que se agrupaban las empresas privadas que no habían sido requisadas. A esas alturas la suerte ya estaba echada.

Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿se podría haber evitado llegar a esto? ¿Había alguna alternativa? De la lectura de las páginas del libro, se desprende que no había mucho margen para un acuerdo que posibilitara una salida a la crisis. Los únicos acercamientos entre las partes en disputa fueron las negociaciones entre Salvador Allende y el Presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, a fines de julio de 1973 y durante algunas semanas de agosto. La derecha simplemente no fue considerada como un interlocutor por Allende y la UP. Estas negociaciones fracasaron simplemente porque eran demasiados los puntos en disputa y no había una voluntad real de ninguna de las dos partes por transar para acercarse con la otra. El foso de desconfianza ya era demasiado grande a esas alturas, y como Fermandois señala “el desarrollo de la vida pública durante la Unidad Popular acentuó hasta lo inverosímil el combate político feroz, sin pausa, a veces adornado por las frases y alusiones humanistas de Allende, en lo personal por su humor y encanto, pero que no eran más que pequeños botones que se marchitaban rápido en el vértigo de odio de esos años”. Ni la UP estaba dispuesta a renunciar a una parte sustantiva de su programa ni mucho menos a su objetivo final, ni la DC estaba dispuesta a permitir que la UP siguiera llevando a cabo su programa tal como la coalición de gobierno pretendía. Cualquier negociación era vista por la Unidad Popular como una medida táctica para continuar adelante con su programa y con sus objetivos, sin contar con que sectores extremos como el MIR y parte del Partido Socialista representado por Carlos Altamirano simplemente rechazaban de plano cualquier negociación.

Citando un discurso de Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista, en julio de 1973, el autor señala que “el fin táctico de lo que exponía Corvalán es muy claro: solo se aceptaba un acuerdo que tenía que crear una mayoría estratégica para la Unidad Popular, dejando aislada a la derecha, pero a la vez privando a la Democracia Cristiana de su carta de presentación, que podía ser mayoría electoral junto al Partido Nacional”. Por otra parte, “la Democracia Cristiana sabía que, tras un acuerdo según las condiciones de la Unidad Popular quedarían a merced de esta en la consiguiente transformación del país”. Así las cosas, ¿qué otra salida había? Queda la impresión de que no había realmente ninguna en esas circunstancias. El único plebiscito al que Allende podía convocar en ejercicio de sus facultades era para dirimir el conflicto constitucional por la Reforma de las tres áreas, el cual, en caso de perder, tampoco lo obligaría a dimitir, sino que solo zanjaba un conflicto puntual sin que esto pudiera significar una salida comprehensiva a la crisis general. Cualquier otro plebiscito al que Allende quisiera convocar iba más allá de sus facultades, y un plebiscito cesarista para decidir sobre el destino de su gobierno inmediatamente habría puesto a Allende fuera de la Constitución y las leyes, más de lo que ya se le acusaba, es decir, era echarle más leña al fuego. Proceder de acuerdo a la Constitución para estos fines habría implicado una gran reforma constitucional precedida de un gran acuerdo político para el cual simplemente no había piso.

Simplemente el resultado del conflicto lo decidiría quien tuviera más fuerza para resistir y para imponerse al adversario, y esa partida la perdió Allende y la UP porque las Fuerzas Armadas fueron arrastradas al conflicto e inclinaron la balanza a favor de la oposición. Estas, por su historia y tradición, no iban a ponerse del lado de una revolución marxista, sino que era mucho más probable que estuvieran en contra, y se vieron en la obligación y deber moral, dentro de su mentalidad, de “salvar al país”, que era algo que ya varios sectores de la sociedad civil de la oposición venían pidiendo, sin contar con la misma oposición política en el Congreso, que emitió una declaración el 22 de agosto de 1973, prácticamente llamando a las Fuerzas Armadas a deliberar y asumir las funciones de gobierno. Las instituciones basadas en la jerarquía, la disciplina y el orden prefirieron esas mismas características en el resto de la sociedad.

Entonces volvemos a la misma pregunta planteada casi al comienzo: ¿qué esperaba Allende y la Unidad Popular de aquellos sectores de la sociedad que se oponían a su gobierno y a su programa, y que sin lugar a dudas verían afectados sus intereses y hasta su propia supervivencia (no necesariamente de su vida, sino que de su existencia como clase social)? Si Allende y la UP esperaban que sus adversarios políticos y sociales no opusieran resistencia, simplemente se equivocaron rotundamente. Estos se vieron acorralados y amenazados y respondieron en consecuencia, saliendo a la calle, paralizando el país, oponiéndose a la ENU, apoyando la huelga de los mineros del cobre, resistiendo la expropiación de la CMPC (“la Papelera”) en que veían un claro riesgo de supresión de la libertad de prensa, y finalmente pidiendo la renuncia del Presidente de la República. Simplemente ambos bandos en disputa, que no se reconocían ninguna legitimidad mutua, comenzaron a tirar de una misma cuerda y a apretar cada vez más un nudo que no había como desatar, hasta tal punto que ya no podía ser desatado y solo quedaba cortar la cuerda con una espada, que fue metafóricamente lo que hicieron las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973.

Un punto muy relevante es el porqué del título de este libro. Se alude a una revolución que quedó inconclusa, y es conveniente detenerse a explicar esto. Durante la visita de Fidel Castro a Chile a fines de 1971, un estudiante, al parecer un “ultra”, le preguntó al dictador cubano si en Chile se vivía o no una revolución, Castro respondió (página 526)

“Yo les diría que en Chile está ocurriendo un proceso revolucionario (…) un proceso no es todavía una revolución, un proceso es un camino, un proceso es una fase que se inicia y si en la pureza del concepto lo debemos caracterizar de alguna forma, haya que caracterizarla como una fase revolucionaria que se inicia”

Los años de la Unidad Popular fueron un proceso revolucionario que aspiraba a terminar en una revolución propiamente tal al final del mismo, y este proceso fue abortado y quedó inconcluso porque desató fuerzas en disputa que fueron imposibles de controlar por ninguno de los actores que participaron del mismo, comenzando por quien lo encabezaba, el Presidente Salvador Allende. Citando a Ralph Waldo Emerson, “events are in the saddle, and ride mankind” (los eventos están al mando, y conducen a la humanidad). Como dijo el historiador Alfredo Jocelyn Holt en su libro “El Chile perplejo” de 1998, simplemente “hasta allá, para bien o para mal, llegamos, querámoslo o no”, refiriéndose al período de la Unidad Popular y su posterior desenlace del 11 de septiembre de 1973. El acto final del drama de ese día, el suicidio de Salvador Allende, amerita una interpretación y una lectura que entienda las razones que habían detrás de la determinación del Presidente de terminar con su vida. Etiquetar el suicidio de Allende como un acto de “cobardía” es simplemente no entender el enorme simbolismo histórico y político que tenía ese gesto. Allende sentía que tenía un rol histórico que cumplir, y lo cumplió a cabalidad, se jugó el todo por el todo con su impresionante discurso por radio la mañana de ese día, y con su acto final se aseguró de tener su lugar en la historia. Lo que estaba en juego era mucho más que su propio gobierno, renunciar o entregarse implicaba darle la espalda a toda una historia en que se enraizaba la Unidad Popular. Como dice Fermandois, “Allende, no sin algún grado de sacrificio, jugó la carta de la legitimación histórica en vista del derrumbe del proceso”. Resulta casi ridículo pensar que Allende fue “cobarde” por quitarse la vida en vez de seguir resistiendo en condiciones en que ya no podía resistir más y ya había quemado todas sus naves. La verdadera cobardía habría sido tratar de huir del país subrepticiamente, no ir y resistir en el Palacio de La Moneda con todo el simbolismo que tiene el cargo de Presidente de la República y el lugar que le corresponde en La Moneda. Al quitarse la vida Allende se aseguró de marcar en hito en la historia de Chile y de que después de su muerte y sobre su cadáver la democracia en Chile, tal como la izquierda de aquel entonces la entendía, ya no volvería a ser lo mismo que fue hasta el 11 de septiembre de 1973.